La despenalización de la tenencia y uso de moneda extranjera, más el levantamiento del control de precios, explican, en buena medida, el frenazo en la caída de la economía venezolana. A pesar de la enorme destrucción fraguada por Maduro y sus cómplices, con sólo levantar algunas las trabas afloran indicios de las potencialidades del país, cruelmente sofocadas. No es solo el comercio de bienes importados en bodegones. Empiezan a observarse signos de reactivación en la agricultura y la ganadería en algunos estados, así como de establecimientos agroindustriales. La Encuesta Cualitativa de Coyuntura Industrial de Conindustria, correspondiente al cuarto trimestre del año pasado, recoge atisbos de cambios y de expectativas favorables en algunos sectores. De confirmarse tales mejoras, lleva a preguntarse: ¿se sostendrán en el tiempo? Los que controlan el Estado actualmente, ¿están dispuestos a efectuar los cambios para que así sea? ¿De qué depende?
Antes de examinar estas interrogantes, es menester aclarar que estos indicios se notan con relación a una economía devastada, cuyo tamaño es de apenas la quinta parte de la de ocho años, con terribles efectos para su población. Un crecimiento de 4% para 2021 pudiera aparecer respetable, pero con relación a un monto tan exiguo como el del PIB venezolano, el incremento es prácticamente nulo. Más de 94% de los hogares son pobres (por ingreso), según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela 2021 realizada por la UCAB, 76,6% padecen de pobreza extrema. Si se examina la pobreza desde una perspectiva multidimensional, 65,2% se encontraban en condiciones de privación. Fuimos el país más desigual de América Latina el año pasado, con un índice GINI estimado de 56,7. Las políticas sociales se habrían reducido básicamente al reparto de bolsas CLAP, de distribución inconstante, y míseras transferencias a través del Carnet de la Patria. 24,5% de los hogares padecían de una inseguridad alimentaria extrema, 35,2% una inseguridad moderada y 34,5% de una inseguridad alimentaria leve. Las secuelas de este panorama sobre la salud general de la población no podían ser sino terribles. Hoy se estiman más de 6 millones los venezolanos que, desde 2015, han emigrado huyendo de esta situación.
“Eppur si muove”… aparentemente. ¿Podrá mantenerse? A falta de datos oficiales sobre el desempeño de la economía venezolana que permitan aproximarnos a una respuesta confiable, ayuda un enfoque de economía política. Empecemos por señalar que el marco de intervención estatal asociado a la destrucción del país no se ha superado, si bien la aplicación de algunos aspectos ha sido suspendida. Continúa la ausencia de un Estado de Derecho efectivo y, con ello, de las garantías y seguridades asociadas a un clima de confianza favorable a la actividad económica y a las libertades civiles, desmanteladas con la excusa de construir el “socialismo del siglo XXI”. Este desapego por la normativa que debía regir en democracia, amparado en tribunales anuentes con quienes la obvian desde el poder, ha permitido que éstos hayan privatizado el patrimonio público, pero en nombre de este “socialismo”. Sus escandalosas corruptelas aparecen como depósitos multimillonarios en bancos suizos, panameños, españoles, rusos y otros, en reportajes de valiosos periodistas de investigación.
El colapso de los servicios es parte de la misma patología. Las denuncias de sabotaje para explicar la incontenible ristra de interrupciones del servicio eléctrico a todo lo largo del país del general Néstor Riverol, como de quienes lo antecedieron frente a ese ministerio, son patéticas. ¿Y el agua? En algunos sitios, como en los altos mirandinos, suele llegar solo una vez por semana. Y ocurre en una geografía con ríos por todos lados, una de las mayores dotaciones de agua por habitante a nivel mundial, y en un país que se esmeraba, antes de la plaga chavista, en mantener una cómoda capacidad sobrante en la generación de electricidad a través de la inversión previsiva en represas y plantas termoeléctricas. ¿Por qué, entonces, el colapso de estos servicios? Las partidas para su mantenimiento, como los apartes para la inversión, fueron esquilmadas por los “revolucionarios” que se colocaron al frente de su administración. ¿Y qué hay del gas, de la gasolina y el diésel para transportar la producción del campo a la ciudad? ¿De la salud y de la educación, cuyos profesionales -bien preparados en su mayoría y con vocación de servicio- están tan miserablemente remunerados?
La destrucción de la gestión pública no obedece a anomalías que pasaron inadvertidas y que escaparon del castigo de la ley. El desmantelamiento de los mecanismos de control y de supervisión, del mandato de rendir cuentas, la ausencia total de transparencia en la gestión pública y la aquiescencia de un Poder Judicial muchas veces partícipe en estos procesos de expoliación, hicieron de ello la norma, no la excepción. El “socialismo” del chavomadurismo resultó, en esencia, en el saqueo de la cosa pública, despojando a los entes del Estado de su capacidad de atender los asuntos para los cuales fueron creados. Forjaron un Estado patrimonialista, expresión de un régimen de expoliación bajo su control y usufructo exclusivo. Pero, al anteponer el cognomento de “poder popular” a cada ministerio, las mafias ahí enquistadas creyeron lavarse la cara. Son “revolucionarios”.
Pero esta “dicha” se les tambalea. La “acumulación originaria de capital” de algunas mafias, ejecutada, como es de rigor, con su cuota de violencia, busca legitimarse a través de su inversión en negocios que, al menos, aparentan ser sanos: como la mafia estadounidense terminó montando un emporio de casinos en Las Vegas y Atlantic City. Ello es tanto más plausible si se considera que las oportunidades de expoliación se han ido reduciendo por la ruina del país y por las sanciones. Y, al ampliarse las alianzas internas y externas que mantienen al régimen, sus frutos tienen que compartirse con un mayor número de cómplices. A esta lavandería de capitales le interesa contar con un mínimo de resguardo para su futuro, ante la previsión de cambios políticos ineludibles. Eso la enfrenta a las viejas prácticas de expoliación, que no aceptan límites a sus tropelías. La incautación de las instalaciones de El Nacional en los Cortijos por Diosdado Cabello es un claro ejemplo de esto último.
La desavenencia entre mafias augura reacomodos influidos, además, por los cambios que ocasiona la agresión putinesca en Ucrania. Vuelve a colocar sobre el tapete al petróleo venezolano y las sanciones en su contra. Los mayores precios de un embargo del crudo ruso y algunas señales de que Estados Unidos explora posibilidades para ofrecer un trato distinto, siempre que el país se convierta en fuente confiable de este recurso, llevará a más de uno a preguntarse si no conviene considerar las condiciones que permitirían una salida de este tipo, siempre sujetas, claro está, a ciertas garantías de que no implicará, necesariamente, ser apresados o despojados de sus fortunas ante su eventual salida del poder.
Para las fuerzas democráticas, lo examinado ofrece rendijas para presionar por mayores cambios. Si bien son muy pobres las mejoras en comparación con lo que hace falta hacer y con las potencialidades del país, invitan a reclamar reformas ulteriores como parte de un programa político post rentista, capaz de conseguir apoyos de emprendedores y los nuevos liderazgos que, a nivel de base, van surgiendo.
Frente a ello declara el troglodita Ameliach que no hace falta división de poderes porque el país les pertenece, y las burlas cínicas de Maduro de que merece el premio Nobel de Economía. Manifestación crasa de que toda posibilidad de avance presupone la salida de semejantes bárbaros del poder.
Tomado de El Nacional
