La última movida del Gustavo Petro que tiene descolocada a su tolda política y a la coalición de partidos del Pacto Histórico -además de a su Consejo de Ministros- es la llegada a la Casa de Nariño, en calidad de asesor presidencial, de Armando Benedetti, sin duda el político más cuestionado de los últimos años.
Benedetti viene de ser embajador en la FAO y se desempeñará como enlace entre el gobierno y el Congreso. El historial público del personaje es, por decir lo menos, rocambolesco. Su hoja de vida resalta que ha sido congresante y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Petro, además de embajador en Caracas. Pero en sus 25 años de activismo, el político es recordado por episodios poco constructivos. A pesar de haber sido jefe de la campaña presidencial del actual mandatario, los cargos por corrupción y enriquecimiento ilícito en causas judiciales que enfrentaba en ese entonces le impidieron formar parte del equipo de gobierno.
Y en el privado no le han faltado igualmente escollos. Acaba de finalizar un tratamiento en México por adicción a las drogas. En el controvertido tema de la igualdad de género, asunto que ha sido bandera del gobierno, la trayectoria de Benedetti está sembrada de episodios cuestionables con sus colegas de trabajo, incluso el de agresión a su esposa, que fue denunciado en su momento por ésta y posteriormente retirado.
A los medios les ha tocado prestar atención a un número abultado de correligionarios de Benedetti que mantienen enorme reserva por la designación de este personaje como principalísimo asesor del Presidente cordobés. Hay indignación de propios y ajenos. Lo que expresan es que es preciso, en la coyuntura de debilidad de la corriente progresista que encarna Petro, recabar todos esfuerzos para enviar a la colectividad un mensaje de confianza en los postulados y en las personas que están manejando al país en estas horas críticas. Una de las más connotadas figuras políticas del momento y quien es mencionada como candidata a suceder a Petro en la presidencia ha declarado: “Me sumo al llamado de nuestras ministras y ministros que ayer plantearon una reflexión crítica sobre el fortalecimiento de personas cuyas posturas y acciones han sido incompatibles con nuestros principios. Como mujer, no justificaré a quienes nos violentan”. Algunos de los ministros de su gabinete también han adversado su decisión.
La coyuntura para una designación tan atrabiliaria no puede ser peor. El presidente hace esfuerzos denodados por reponerse el daño que le han causado a su imagen, y al proyecto político de la coalición de izquierda con que gobierna, los desatinos de las propuestas de ley que han sido tumbadas en el Congreso. El líder progresista lo que ha conseguido es pervertir sus relaciones con el legislativo de su país y los partidos que lo componen. Por ello es que propone la unificación de los partidos del Pacto para contrarrestar el avance de la ultraderecha.
Es el propio proyecto político del presidente, el de “hacer irreversible la transformación democrática de Colombia”, el que se ve lesionado por un nombramiento tan descolocado. Lo es incluso para un país acostumbrado ya a las destemplanzas presidenciales. No han transcurrido muchas horas desde que el jefe del Gobierno tuvo la infeliz ocurrencia de proponer una división territorial del país en función de la condición social de las personas, al referirse a la priorización las de obras de infraestructura necesarias.
Todo jefe de Estado paga un precio alto por sus equivocaciones. El del nombramiento del barranquillero a su lado pudiera ser de elevado costo y muy difícil de pagar para el inquilino de la Casa presidencial colombiana.
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