Un pacto político y social para refundar un Tribunal Supremo con garantías internacionales
Uno de los aspectos a considerar por los actores políticos al tratar el proceso de transición de la dictadura hacia la democracia es la situación de la cúspide del sistema judicial: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Cuando ese tribunal se encuentra sometido al servicio del dictador y sus magistrados acatan sus instrucciones cual “mujiquitas galleguianos”, resulta evidente que cualquier acuerdo que busque garantizar una verdadera independencia judicial debe contemplar un proceso claro,transparente y pactado, con garantías para todos los actores involucrados.
Ahora bien, ese objetivo solamente se puede lograr mediante una negociación en una mesa de transición (con mediación internacional preferiblemente) en el que se instituya un pacto de respeto al Estado de Derecho y a la independencia judicial, que sea firmado por las fuerzas en el poder y la oposición -auténtica, libre de seudo opositores- y que contenga un compromiso explícito para depurar y reconstituir el TSJ bajo estándares de idoneidad, transparencia y mérito profesional.
A tal efecto, la mesa de transición prevería la creación de una comisión de evaluación y acompañamiento, mixta e independiente, integrada por reconocidos juristas (nacionales e internacionales), representantes de la sociedad civil, academia y observadores internacionales. Como sería previsible posiciones polarizadas, la integración de esa comisión debería ser equilibrada en cuanto a la ideología política de los miembros, además de sus reconocidas credenciales.
La comisión debería contar con facultades para auditar, evaluar el desempeño, méritos académicos y profesionales y los antecedentes de los actuales magistrados y, si fuera necesario, alcanzar un compromiso político suficiente como para promover su renuncia voluntaria a cambio de garantías básicas de seguridad jurídica y personal que sean viables dentro del ordenamiento jurídico.
En caso de no obtenerse la renuncia voluntaria, habría que implementar mecanismos extraordinarios de revisión de credenciales y de trayectoria ética y profesional (siguiendo criterios objetivos de ley) y proceder a su destitución según el procedimiento pautado por las leyes. También podría estudiarse la permanencia de algunos de los renuentes luego de analizar detenidamente sus respectivas hojas de vida para determinar de manera objetiva su capacidad de adaptación a las realidades democráticas de un proceso de transición.
El paso siguiente sería la selección de nuevos magistrados ajustándose a las pautas fijadas constitucionalmente y en las leyes especiales que rijan la materia:
Abrir convocatoria pública para un Comité de Postulaciones, evaluación de las candidaturas en audiencias públicas transmitidas y con criterios estandarizados de competencia jurídica, solvencia ética y méritos, evitando cuotas partidistas.
Selección final del Comité de Postulaciones que de resultado a un órgano plural y transparente, con participación de sociedad civil y veeduría internacional.
Convocatoria pública a quienes deseen aspirar a ejercer la magistratura en el TSJ, indicando los requisitos exigidos.
Juramentación de los nuevos magistrados en un acto público de restauración del Estado
