Organizaciones se toman Ministerio de Vivienda y denuncian incumplimientos

Organizaciones se toman Ministerio de Vivienda y denuncian incumplimientos

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Casi a las cinco de la tarde, una fracción de los manifestantes se retiró del Ministerio del Interior, en la carrera octava, para dirigirse a la Universidad Nacional, el asentamiento principal desde el 13 de octubre para las delegaciones del Congreso de los Pueblos que protestan. Otra parte sigue en el lugar así como en el Ministerio de Vivienda.

La Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno de Bogotá mantienen vigilancia en las instalaciones, así como en las de la Unidad de Víctimas, la Agencia Nacional de Tierras y la SAE. Todas esas entidades deberían integrar la pretendida mesa de diálogo, que los protestantes esperan que sea permanente.

Para Joya, en los territorios persiste “la ausencia de una política clara de desmantelamiento del paramilitarismo”. Los puntos de concentración en la capital, dice el investigador, son clave para posicionar una “agenda de transformaciones que no vemos incorporadas” en la administración de Gustavo Petro, por cuenta de “limitaciones” en el Legislativo.

Vea después: Gobierno asegura que hay “estructuras criminales” detrás de protestas de indígenas y campesinos en Bogotá

El Gobierno, agregó el vocero, tiene “una visión cortoplacista” frente a los avances que los grupos demandan. La postura del Ejecutivo, por su parte, es que no se trata solo de protestas, sino que “es obvio que hay estructuras criminales detrás”, según expresó el ministro del Interior, Armando Benedetti, generando rechazo en los manifestantes.

Un integrante del Congreso de los Pueblos, que mantiene comunicación con los frentes de derechos humanos en las zonas de protesta y que prefiere mantener su anonimato, calificó las declaraciones como “de grueso calibre” y remarcó para La FM que la acusación será “el primer punto” que le presentarán al Gobierno en la mesa de interlocución.

Miembros de los colectivos preparan un reclamo oficial contra el jefe de la cartera política, pues rechazan que el Gobierno promueva la “estigmatización” contra las comunidades que se movilizan. La Guardia Interétnica custodia las entradas de los ministerios del Interior y de Vivienda, ante la vigilancia de funcionarios de la Alcaldía.

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