Misael Cadavid y Yaneth Rúa fueron vinculados a un caso de presunta corrupción entre Bomberos de Itagüí y AMVA.
Luego de una audiencia de más de 7 horas, la juez séptima municipal con función de control de garantías de Medellín, envió a la cárcel a Misael Cadavid, exdirector de Bomberos Voluntarios de Itagüí y Yaneth Rúa García, exfuncionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, vinculados con el caso de presunta corrupción con seis contratos y sus adiciones estimados en más de $2.481 millones.
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Esta decisión según la juez se da por cuenta de un audio del 21 de agosto de 2020 en el que Misael Cadavid y Janeth Rúa, mencionaron términos tales como rentabilidad, en la consecución de souvenirs y de unos refrigerios. Lo que, en su momento por parte de la Fiscalía y la defensa de las víctimas, fue considerado un punto especial para avanzar en la investigación. “Porque hay elementos que permiten indicar que se van a falsificar elementos de prueba y que se va a inducir a testigos”, indicó la juez en un aparte de la audiencia.
A pesar de que la defensa de los imputados solicitó el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando que sus defendidos tenían condiciones de salud complejas, la juez determinó que tras las historias clínicas aportadas la toma de medicamentos se puede realizar desde el lugar de la reclusión.
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En lo que tiene que ver con Elkin de Jesús González, exrepresentante legal de Bomberos de Itagüí, la juez señaló que este enfrentará el proceso en libertad debido a que no representa ser un peligro para la sociedad.
Los abogados de Misael Cadavid y Yaneth Rúa anunciaron que apelarán la determinación de la juez Séptima Penal de Medellín y, en consecuencia, para este jueves a las 7:30 a.m. fue anunciada la continuación de la audiencia.
Capturas
El pasado 6 de octubre del presente año, se efectuó la captura de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí y exgerente del Hospital La María, por presuntas irregularidades en contratos entre Bomberos del municipio y el Área Metropolitana. La detención se habría efectuado en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en seis contratos por $17.654 millones, firmados entre 2020 y 2021, cuyo posible detrimento patrimonial ascendería a los $6.000 millones.
De acuerdo con lo denunciado por la veeduría ciudadana Todos por Medellín, este proceso tiene origen desde el 2022 cuando hicieron la solicitud de información correspondiente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y a Bomberos de Itagüí sobre la ejecución de cerca de $18.000 millones entregados desde 2020 por parte del AMVA, por estos hechos se realizó la captura de Yaneth Rúa García, funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Elkin de Jesús González, exrepresentante legal de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Contratos investigados
Entre los contratos más relevantes se encuentran: el contrato 481-2021, correspondiente a la entrega de kits para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. Este evidencia sobrecostos por más de $65 millones y bienes sin soporte de compra por $268 millones, para un total de $334,7 millones. En su adición, se identificaron bienes sin soporte de compra por $400 millones, lo que eleva el valor conjunto a $734,7 millones.
Así mismo, el contrato 878-2020, también relacionado con la pandemia, registra sobrecostos por $233 millones y bienes sin soporte de compra por $81 millones, sumando $314 millones. Seguido a este se encuentra el contrato 984-2021, destinado a la entrega de kits y este presenta posibles sobrecostos superiores a los $255 millones.
De igual forma, el contrato 1011-2020 evidencia servicios de transporte no prestados por más de 11 millones de pesos y recargos de celulares no ejecutados por $15 millones con un total de más de 26 millones de pesos. Otro de los contratos es el 522-2021, y este refleja servicios de transporte no prestados por $39 millones y recargos de celulares por $40 millones, para un total de $79 millones.
Finalmente, el contrato 982-2021 incluye servicios de transporte no prestados por más de $41 millones, recargos de celulares no ejecutados por $4 millones y posibles sobrecostos en servicios por $639 millones, consolidando una de las cifras más altas del caso.
