La organización armada vinculada a alias “Araña” habría expandido sus operaciones hacia Perú, Ecuador y Brasil
La Amazonía enfrenta una creciente amenaza por cuenta de la expansión del crimen organizado transnacional, según advierte un reciente informe de la organización International Crisis Group.
El documento, titulado “El saqueo de la selva: Blindar a la Amazonía del crimen organizado”, alerta sobre la consolidación de redes armadas dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, el lavado de activos y el control territorial en varios países de la región.
Uno de los grupos señalados es Comandos de Frontera, estructura armada perteneciente a la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), organización que actualmente mantiene diálogos de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El grupo es liderado por Geovanni Andrés Rojas, alias “Araña”, y según el informe dejó de operar únicamente en Putumayo para convertirse en un actor criminal con presencia regional y conexiones en Perú, Ecuador y Brasil.
Expansión criminal en la selva amazónica
De acuerdo con Crisis Group, Comandos de Frontera habría aprovechado las condiciones geográficas y la débil presencia estatal en la Amazonía para ampliar sus operaciones ilegales.
“Con el crecimiento de sus filas, Comandos de la Frontera ha extendido su influencia a Perú, donde paga a campesinos para que arrasen los bosques y los conviertan en plantaciones de coca”, señala el informe.
La investigación también documenta alianzas entre esta estructura y organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos, dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal de oro.
Según el reporte, estas organizaciones mantienen disputas violentas con otros grupos como Los Choneros por el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas.
El informe además ubica al ELN y a otras disidencias de las antiguas Farc como actores centrales en las economías ilícitas amazónicas, especialmente en corredores que conectan a Colombia con Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú.
Una red criminal transnacional
Crisis Group advierte que las estructuras criminales ya operan en al menos el 67 % de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El documento describe el funcionamiento de estas organizaciones como una especie de “corporación transnacional”, en la que cada grupo cumple roles específicos dentro de la cadena del narcotráfico.
Mientras algunas estructuras controlan cultivos y producción de coca, otras administran rutas de transporte, exportación y protección armada de cargamentos ilícitos.
En el caso de los grupos brasileños como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), el informe señala que han establecido alianzas con estructuras colombianas para fortalecer cadenas regionales de suministro de cocaína.
Deforestación, minería ilegal y crisis ambiental
El informe también alerta sobre el grave impacto ambiental derivado de las actividades criminales en la Amazonía.
Según la organización, los grupos armados utilizan los ríos amazónicos como corredores estratégicos para instalar laboratorios de cocaína, campamentos mineros, pistas clandestinas y nuevas rutas terrestres.
“Más del 70 % de la selva deforestada se encuentra a menos de 50 kilómetros de alguno de estos corredores”, advierte el documento.
La minería ilegal y los cultivos ilícitos han acelerado la destrucción de la selva, mientras sustancias químicas como mercurio, ácido sulfúrico y acetona contaminan ríos y fuentes hídricas utilizadas por comunidades indígenas y campesinas.
El informe señala que varias comunidades amazónicas ya presentan graves afectaciones sanitarias por contaminación con mercurio y aumento del consumo de drogas entre jóvenes indígenas.
Crisis Group pide respuesta coordinada
Finalmente, la organización internacional cuestionó la respuesta de los gobiernos amazónicos frente al crecimiento del crimen organizado y advirtió que las acciones estatales han sido insuficientes y desarticuladas.
Crisis Group pidió fortalecer la cooperación regional, aumentar los controles sobre cadenas de suministro de oro y madera, y frenar el ingreso de productos ligados a economías ilegales a mercados internacionales.
La organización concluyó que la Amazonía dejó de ser únicamente una zona periférica y se convirtió en un nodo estratégico del crimen organizado continental, con consecuencias cada vez más graves para la seguridad, el medio ambiente y las comunidades que habitan la región.
