El proceso judicial por el denominado caso PDVSA Cripto, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Venezuela, continúa avanzando en Caracas en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades y vulneraciones a los derechos de los acusados.
Entre los procesados figura el exministro de Petróleo y exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami, quien junto a otras 63 personas enfrenta cargos relacionados con una presunta trama de corrupción que habría operado entre 2019 y 2023 a través de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Millonarias pérdidas para el Estado venezolano
De acuerdo con las investigaciones, el esquema habría involucrado a exfuncionarios, empresarios y representantes del sector financiero, quienes presuntamente utilizaron operaciones vinculadas con criptomonedas para desviar recursos públicos.
Las autoridades venezolanas estiman que el daño patrimonial causado por la red asciende a 5.550 millones de dólares. Sin embargo, la organización Transparencia Venezuela calcula que las pérdidas podrían alcanzar los 16.900 millones de dólares.
Durante una audiencia realizada el pasado 12 de junio, El Aissami y los demás acusados rechazaron las imputaciones formuladas en su contra, según información suministrada por integrantes de la defensa.
Un juicio con acceso restringido
El proceso judicial comenzó formalmente el 20 de abril, dos años después de la detención de El Aissami, quien ocupó cargos de alto nivel durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Las audiencias se desarrollan en el Palacio de Justicia de Caracas bajo estrictas medidas de control. Según familiares y abogados, el acceso a las diligencias es limitado y solo se permite el ingreso de un reducido número de parientes directos de los procesados.
Asimismo, los abogados defensores deben cumplir rigurosos protocolos de seguridad para ingresar a las salas de audiencia.
Denuncias sobre condiciones de reclusión
Durante las audiencias, la defensa de Tareck El Aissami ha expuesto preocupaciones relacionadas con su estado de salud y las condiciones de detención.
Según los abogados, el exfuncionario habría manifestado sentirse gravemente afectado físicamente y requerir atención médica especializada. También señalaron que enfrenta problemas de salud que, según su versión, necesitan intervención quirúrgica.
El Aissami permanece recluido en el centro penitenciario El Rodeo 1, ubicado en las afueras de Caracas, donde también se encuentran otros implicados en el caso.
Por su parte, varios familiares y organizaciones no gubernamentales han denunciado presuntas vulneraciones a los derechos humanos dentro de este centro de reclusión, señalamientos que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Acusaciones de otros procesados
Otro de los procesados es el banquero Carmelo De Grazia, quien durante una de las audiencias relató las condiciones en las que habría permanecido detenido antes de ser trasladado a El Rodeo 1.
Según la defensa, De Grazia aseguró haber estado recluido en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde presuntamente fue sometido a condiciones restrictivas durante su detención.
Familiares del empresario también han cuestionado el desarrollo del proceso judicial y han solicitado mayores garantías para los acusados.
Cuestionamientos por audiencias virtuales
Los abogados de varios de los procesados han expresado inconformidad por la realización de algunas audiencias mediante videoconferencia.
Según la defensa, las dificultades técnicas registradas durante las conexiones han complicado el desarrollo de las diligencias judiciales y la comunicación entre los acusados y sus representantes legales.
De acuerdo con los abogados, las autoridades judiciales han argumentado razones de seguridad para mantener este mecanismo en algunos casos, especialmente después de incidentes relacionados con el traslado de detenidos.
Mientras avanza el juicio, las autoridades venezolanas continúan con la presentación de pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades dentro de una trama que ha sido considerada una de las investigaciones de corrupción más relevantes de los últimos años en el país.
