Ojo a los abusivos, la autoridad actuará de frente y sin pensarlo para sacar a quienes se apropien de las zonas comunes.
Los conflictos en los conjuntos residenciales se han convertido en una constante en muchas ciudades de Colombia. Desde vecinos que invaden los parqueaderos de visitantes hasta quienes convierten zonas comunes en extensiones privadas con materas, cerramientos o ampliaciones no autorizadas, la convivencia en propiedad horizontal enfrenta retos cada vez mayores. Sin embargo, una nueva norma podría cambiar el panorama.
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La Policía podrá intervenir y desalojar ocupaciones indebidas
El Decreto 768 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional y vigente desde el pasado 7 de julio, refuerza el papel de la Policía Nacional en la protección y recuperación de bienes comunes dentro de la propiedad horizontal. Con esta medida, las autoridades podrán intervenir directamente cuando se presenten ocupaciones indebidas o perturbaciones en zonas compartidas, una situación que hasta ahora dependía de largos procesos administrativos o judiciales.
De acuerdo con el grupo jurídico Con Toda Propiedad, especializado en propiedad horizontal, el decreto introduce una herramienta concreta en la Sección 12, artículo 2.2.8.18.12.1.4, conocida como la “acción preventiva en caso de perturbación”. Esta permite a la Policía actuar cuando alguien intente ocupar por vías de hecho un bien inmueble de uso común o privado dentro de un conjunto residencial, sin tener derecho legal para hacerlo.
“La Policía Nacional lo impedirá y expulsará a los perturbadores en un plazo de hasta 48 horas”, explicó el colectivo, haciendo referencia al artículo 81 de la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana). Aunque esta disposición ya existía, el nuevo decreto la refuerza y aclara su aplicación directa en contextos de propiedad horizontal.
Una herramienta práctica para administradores y copropietarios
Esta actualización normativa representa una ventaja para administradores y residentes, quienes ahora podrán solicitar la intervención policial de manera más rápida ante casos de ocupación indebida o abuso del espacio común. “Es un mecanismo que permite a la administración o a cualquier propietario pedir a la Policía que recupere el espacio común y expulse al perturbador”, señalaron desde Con Toda Propiedad.
En otras palabras, si un vecino decide estacionar su carro en una zona no permitida, instalar estructuras en áreas comunes o apropiarse de espacios sin autorización, la Policía podrá actuar de forma inmediata y ordenar el desalojo, garantizando el respeto por las normas de convivencia y la integridad del espacio colectivo.
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Con este decreto, el Gobierno busca fortalecer la convivencia en los conjuntos residenciales y evitar que los conflictos vecinales escalen a situaciones más graves. La norma refuerza la autoridad de los administradores y respalda a las copropiedades en la defensa de los bienes comunes, promoviendo una cultura de respeto y corresponsabilidad entre los residentes.
