Una investigación de ProPublica advierte que el documento examinado contempla condiciones preferenciales para Estados Unidos, mientras deja interrogantes sobre los ingresos que recibiría Venezuela y la estructura de control de la operación.
Un acuerdo petrolero relacionado con Estados Unidos y Venezuela ha despertado interrogantes sobre la distribución de los beneficios económicos, las condiciones de compra del crudo y la participación de inversionistas privados.
Según una investigación publicada por ProPublica, un documento confidencial de 18 páginas, firmado por altos funcionarios estadounidenses y representantes de North American Blue Energy Partners (NABEP), establece condiciones comerciales y administrativas que favorecerían el acceso de Washington al petróleo venezolano.
Entre los aspectos señalados por la investigación figuran una participación del 35 % en la compañía, derechos preferenciales para adquirir parte de su producción y disposiciones que podrían dificultar modificaciones futuras en la estructura de gobierno corporativo.
El documento también ha generado preguntas sobre los ingresos que efectivamente recibiría Venezuela por concepto de regalías e impuestos, así como sobre la identidad de algunos de los beneficiarios privados de la operación.
Condiciones preferenciales para la compra de petróleo
De acuerdo con la información publicada por ProPublica, el acuerdo contempla que Estados Unidos pueda adquirir el 20 % de la producción petrolera de NABEP a un precio preferencial de 30 dólares por barril.
El documento también incluiría prioridad para comprar el resto de la producción durante un periodo de 50 años y condiciones especiales para acceder a determinados beneficios comerciales.
Sin embargo, la investigación señala que el texto examinado no garantiza expresamente el pago a Venezuela de los 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos que, según la información citada, habría anunciado la administración estadounidense.
Esto no significa que la empresa esté exenta de cumplir sus obligaciones tributarias. La cuestión es que el documento analizado no aseguraría por sí mismo la suma mencionada.
Otro punto de controversia es la duración de las concesiones. Según una fuente citada por ProPublica, se habrían concedido derechos de explotación por un periodo de hasta 100 años. No obstante, la investigación indica que esas concesiones no aparecen detalladas en el documento examinado.
Una junta directiva con mayoría estadounidense
La estructura de gobierno corporativo es otro de los puntos destacados de la investigación.
Según el documento citado, la compañía tendría una junta directiva de siete integrantes, con mayoría permanente de ciudadanos estadounidenses y un mandato inicial de 15 años.
El empresario venezolano Alejandro Betancourt conservaría el cargo de director ejecutivo. Además, determinadas decisiones, entre ellas su destitución o los cambios en la composición de la junta, requerirían una mayoría especial de cinco votos.
La investigación sostiene que estas disposiciones podrían dificultar que futuros gobiernos modifiquen el funcionamiento de la compañía. Sin embargo, ello no significa que el acuerdo sea jurídicamente imposible de modificar.
El documento también establecería que determinadas controversias con el Gobierno estadounidense se resolverían ante un tribunal federal del norte de Texas, de acuerdo con las condiciones legales pactadas.
Dudas sobre los inversionistas
Otro de los interrogantes planteados por ProPublica está relacionado con la identidad de los beneficiarios privados.
La participación estadounidense del 35 % se canalizaría mediante una sociedad matriz constituida en Barbados. Según la investigación, el acuerdo no identifica a todos los propietarios de esa sociedad ni detalla mecanismos suficientes para hacer pública toda la información sobre sus beneficiarios.
Entre las personas mencionadas figura Orlando Alvarado, empresario vinculado a negocios de Betancourt. La investigación también hace referencia a antecedentes de indagaciones relacionadas con presuntas operaciones financieras irregulares.
Es importante precisar que las sospechas o investigaciones mencionadas no equivalen a una condena penal. De acuerdo con la información citada, ni Alvarado ni Betancourt habrían sido acusados formalmente en algunos de los casos señalados, y sus representantes han rechazado los señalamientos.
El contrato contemplaría controles contra el lavado de activos, auditorías externas y reportes financieros a las autoridades estadounidenses. No obstante, la investigación plantea dudas sobre el alcance de la información que se hará pública.
¿Qué papel tendría el Gobierno estadounidense?
La investigación también examina la participación de dependencias del Gobierno de Estados Unidos en la estructuración del negocio petrolero.
Según ProPublica, inicialmente se evaluó la participación de grandes compañías del sector, pero las conversaciones no prosperaron. Posteriormente, la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono habría intervenido en el diseño de algunas de las condiciones del acuerdo.
La eventual participación del Gobierno estadounidense en una empresa extranjera que opera en Venezuela también ha generado cuestionamientos sobre las facultades legales de las entidades involucradas.
Producción y beneficios económicos
NABEP produciría alrededor de 200.000 barriles diarios y tendría como objetivo elevar esa cifra a 500.000 barriles diarios para finales de 2028, según los datos citados en la investigación.
Con los niveles actuales de producción, el 20 % que Estados Unidos podría adquirir con descuento equivaldría aproximadamente a 40.000 barriles diarios. El impacto económico real dependerá, entre otros factores, de los costos de extracción, transporte y comercialización del crudo.
Mientras los defensores del acuerdo lo presentan como una oportunidad para atraer inversiones y recuperar la industria petrolera venezolana, sus críticos cuestionan la distribución de los beneficios y las garantías de transparencia.
El alcance definitivo de la operación dependerá de los términos contractuales aplicables, el cumplimiento de las condiciones pendientes y la verificación independiente de la información divulgada.
