El jefe de los derechos de la ONU advirtió sobre posibles “crímenes contra la humanidad” en Venezuela, lo que llevó al país afectado por la crisis a acusar a su oficina de ejercer los derechos humanos como “un arma política”.
La crisis de Venezuela ha causado escasez de alimentos y medicinas, disturbios mortales y pide al presidente Nicolas Maduro que renuncie.
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Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en protestas contra el gobierno han dejado alrededor de 130 personas muertas desde abril.
“Mi investigación sugiere la posibilidad de que se hayan cometido crímenes contra la humanidad”, dijo Zeid Ra’ad Al Hussein en la apertura de la 36ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, el principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Los poderes internacionales acusan a Maduro de desmantelar la democracia asumiendo las instituciones estatales para resistir la presión de la oposición.
“Hay un peligro muy real de que las tensiones aumenten aún más, con el gobierno aplastando las instituciones democráticas y las voces críticas”, advirtió Zeid, pidiendo una investigación internacional.
Dijo que una investigación realizada por su oficina había señalado el uso generalizado de “procedimientos penales contra dirigentes de la oposición, el recurso a detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los malos tratos a los detenidos, que en algunos casos equivale a tortura”.
El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza Montserrat, también se dirigió al consejo el lunes, exigiendo que Zeid detenga las “agresiones” de su oficina hacia Venezuela y golpeando “el uso político, selectivo y sesgo de los derechos humanos”.
“La estrategia utilizada contra mi país desde ciertos centros de poder es un claro ejemplo del uso de los derechos humanos como un arma política”, dijo al consejo.
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Advirtió que los informes recientes de la oficina de derechos de la ONU “no tienen rigor metodológico, carecen de fundamento y tratan de alterar nuestra soberanía, paz y estabilidad”.
A fines del mes pasado, Zeid hizo eco de las preocupaciones internacionales de que Venezuela se estaba hundiendo en la dictadura, advirtiendo que la democracia en el país estaba “apenas viva, si aún viva”.
En un informe, su oficina acusó a las autoridades venezolanas de implementar una política de represión sistemática y fuerza excesiva con el objetivo de “aplastar la disidencia e infundir miedo en la población” para frenar las protestas contra Maduro.
Las tácticas que figuran en el informe incluyen “el uso de descargas eléctricas, golpes severos, posiciones de estrés, asfixia y amenazas de violencia sexual y muerte”.
El informe también criticó a la todopoderosa asamblea constituyente de Venezuela ya su “comisión de la verdad”, encargada de investigar a varios líderes de la oposición por traición.
Julieta López, la tía de uno de los máximos figuras de la oposición en Venezuela, Leonardo López, advirtió el lunes que el país “no puede sobrevivir sin la ayuda internacional”.
“La dictadura es una palabra demasiado blanda”, dijo a periodistas al margen del consejo de derechos, sosteniendo que “Venezuela está siendo dirigida por una pandilla de criminales organizados”.
Zeid enfatizó la necesidad de responsabilizar a los perpetradores de abusos de derechos en Venezuela, diciéndole al consejo el lunes que apoyó el concepto de una comisión de la verdad.
Pero “el mecanismo actual es inadecuado”, dijo, instando a que “se reconfigure con el apoyo y la participación de la comunidad internacional”.
Pidió al consejo de derechos “establecer una investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela”.
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Zeid señaló también que Venezuela ocupa actualmente uno de los 47 puestos rotativos del Consejo de Derechos Humanos y, por lo tanto, tiene el deber particular de “mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos”.
Sin nombrar específicamente a Venezuela, exhortó al consejo a considerar “la necesidad de excluir de este cuerpo a los estados involucrados en las más atroces violaciones de los derechos humanos”.
Zeid recibió el apoyo de 116 organizaciones no gubernamentales, principalmente de América Latina, quienes el lunes emitieron una declaración conjunta en la que insistieron en que Venezuela debía estar entre las principales prioridades del Consejo de Derechos Humanos.
“Los estados miembros deben enviar un mensaje claro al gobierno venezolano de que estos abusos no son tolerados y los responsables de abusos serán llevados ante la justicia”, dice el comunicado.
La Comisión Internacional de Juristas, por su parte, advirtió que el Tribunal Supremo de Venezuela “dejó de actuar como un tribunal independiente que respalda el imperio de la ley, pero se ha convertido en un brazo de un ejecutivo autoritario”.